La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es un tema que está muy de moda en la actualidad. Cuando se escucha por primera vez el nombre de esa ley uno piensa que es un paso más para que se elimine la opacidad de las administraciones públicas y para que los ciudadanos tengan derecho a saber todo lo que se lleva a cabo en el ámbito político.
La misma Vicepresidenta del Gobierno y portavoz de éste, Soraya Sáenz de Santamaría, describe este procedimiento como “una Ley completa en términos de obligaciones de transparencia de nuestras administraciones, que garantice el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública y que refuerce la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos”. Unas palabras que a todos hacen pensar que España dejará de ser uno de esos pocos países que aún no tiene regulada una normativa para que los habitantes de un país tengan libre acceso a los datos administrativos de su gobierno.
Pero la realidad es que todavía hay un velo muy opaco acerca de este tema, y que solicitar determinadas informaciones a las administraciones es aún una utopía. El Tribunal supremo hizo pagar las costas de 3.000 euros a quien reclamó amparo judicial, Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, por recurrir tras sentenciar la Audiencia Nacional que “No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración a informar sobre cualquier materia”.
Access Info Europe es una organización no gubernamental que lucha por la transparencia informativa que solicitó a la Presidencia de Gobierno conocer el “desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción”, al igual que hizo con otros países sin poner objeción alguna ninguno de ellos a facilitarle esas informaciones. La Presidencia de Gobierno decidió que eso era asunto del Ministerio de Justicia y al no dar éste respuesta alguna la ONG interpuso un recurso contencioso-administrativo.
Así pues, la directora ejecutiva de Acces Info Europe, Helen Darbishire, ha sido condenada por reclamar amparo judicial. El Supremo sostiene que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí. Y por eso, a pesar de reconocer que la Administración incumple con su obligación de contestar, ha condenado a pagar en costas 3.000 euros a la organización no gubernamental.
Una sentencia que se ha conocido en el momento en el que el Parlamento está tramitando la tan conocida Ley de de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Pero que con casos como este es inevitable cuestionarse si algún día los ciudadanos de a pie podremos llegar a conocer la realidad de nuestros gobiernos.
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